Bajo lupa el discrimen por género en los tribunales domingo, 28 de febrero de 1999

Por CARMEN EDITH TORRES
DE EL NUEVO DIA

EN EL pasado deben quedar los días en que el acceso de las mujeres a los tribunales, en casos de reclamo de pensión alimentaria para menores, entre otros, resultaba cuesta arriba muchas veces por carecer de recursos económicos para pagar representación legal.

También será cosa del pasado, la percepción de que en asuntos de patria potestad y custodia de menores los tribunales generalmente favorecen a la madre, por el hecho de ser mujer, mientras que al padre se le percibe únicamente como proveedor económico.

De igual modo, tampoco hay espacio en los tribunales locales para prácticas que subestimen las capacidades profesionales de las trabajadoras de la rama judicial -en los distintos niveles-, juezas y abogadas, o que excluyan a mujeres de ocupar posiciones de autoridad tradicionalmente asignadas a hombres.

Y es que hace cuatro años aproximadamente, la rama judicial inició el proceso de autoevaluación para eliminar prácticas discriminatorias por género en los tribunales. A raíz del informe que emitió en 1995 una Comisión Judicial creada para investigar el discrimen por género en los tribunales, se han adoptado en la rama judicial 27 proyectos para erradicar esa práctica ilegal manifestada en distintas vertientes.

Entre esos proyectos está facilitar a las mujeres accesar los tribunales por la presentación de mociones por derecho propio en asuntos de familia, es decir, sin necesidad de representación legal, concienciar jueces -y juezas- sobre conductas culturalmente aceptadas, pero que constituyen discrimen, proveer mejores facilidades físicas -tales como servicios sanitarios y áreas de custodia separadas- para niñas y mujeres en procedimientos de justicia criminal.

"LA RAMA Judicial tiene que velar por el cumplimiento del mandato constitucional que ordena que todos los hombres serán iguales, cuando se habla de hombres, debe decir hombres y mujeres", dijo a este diario el juez presidente, José Andreu García al comentar las propuestas.

Otros proyectos que están encaminados son el desarrollo de normas administrativas para mejorar la coordinación interagencial en asuntos relacionados con violencia doméstica, y crear normas uniformes sobre la forma en que los jueces -y juezas- deben atender órdenes de protección para víctimas de este tipo de violencia sin impedimentos por problemas de jurisdicción de los tribunales.

También, como parte de las propuestas, están que entre los criterios para evaluar a la judicatura y el personal de la rama judicial se incluyan preguntas sobre conducta discriminatoria por género o comentarios sexistas, y se diseñe procedimiento de querellas por discrimen y hostigamiento sexual.

Una de las áreas en la que la Comisión identificó discrimen por género es en la concesión de custodia y patria potestad en casos en que uno de progenitores es homosexual o lesbiana. Según la Comisión que investigó el discrimen en los tribunales, "la homosexualidad o el lesbianismo de una parte ha tendido a utilizarse como fundamento para la privación de custodia o la regulación extrema de las relaciones paterno o materno filiales" aunque se demuestre al tribunal que ese padre o madre es quien más adecuadamente velará por los intereses del menor.

"Existe la idea de que un padre homosexual o madre lesbiana no está capacitado para cuidar a sus hijos. Eso no necesariamente es así. Hay que erradicar la noción de que por el hecho de esa preferencia sexual está incapacitado. Hay que tomar en cuenta todos los factores para determinar dónde el bienestar de los menores se cumple mejor", dijo Andreu García.

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